El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha dictado este lunes un nuevo auto en el que acuerda la apertura de juicio oral para Begoña Gómez ante un jurado popular, un proceso en el que la clave central gira en torno al desarrollo de este Begoña Gómez juicio oral. La resolución procesal sitúa a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora, Cristina Álvarez, en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Esta decisión marca el punto final de la instrucción dirigida por el magistrado en este juzgado madrileño, tras un proceso de algo más de dos años que ahora se trasladará al órgano competente para la celebración de la vista.
El juez Peinado decreta la apertura de juicio oral
El auto judicial establece los cargos definitivos tras la fase de instrucción y las resoluciones de revisión dictadas por instancias superiores. Según la documentación aportada por el juzgado, la resolución da cumplimiento formal al marco fijado previamente, tras una serie de recursos y modificaciones en la calificación jurídica de los hechos investigados. La causa penal, que comenzó en abril de 2024 tras una denuncia inicial, concluye así su etapa de instrucción bajo la dirección del juez Peinado en los días previos a su jubilación forzosa por edad en la carrera judicial.
A partir de ahora, el sumario completo será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al tribunal correspondiente encargado de tramitar la vista oral y fijar el calendario de sesiones. Las distintas partes personadas en el procedimiento ya han comenzado a perfilar sus estrategias de defensa y acusación ante la apertura de esta nueva fase procesal.
Los delitos imputados y el papel del jurado popular
La resolución judicial atribuye a Begoña Gómez la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos. Por su parte, la asistente Cristina Álvarez se enfrentará exclusivamente al cargo de malversación en calidad de cooperadora necesaria. El auto detalla indicios relacionados con el uso de recursos institucionales, la gestión de un software vinculado a la Universidad Complutense de Madrid y la dedicación de personal adscrito a Presidencia del Gobierno a tareas de apoyo a proyectos de carácter particular.
Las acusaciones populares personadas en la causa, como es el caso de Hazte Oír, han solicitado penas severas de prisión para las procesadas, alcanzando los trece años de cárcel para la esposa del presidente del Ejecutivo y seis años para su asesora. En contraste, las defensas técnicas de ambas investigadas y la Fiscalía han reiterado su petición de absolución, al considerar que no existen bases delictivas en las actuaciones analizadas.
Antecedentes procesales y el marco de la Audiencia Provincial
Esta resolución llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid examinara los recursos presentados contra un primer auto de apertura de juicio dictado el pasado verano. En aquella ocasión, el instructor había incluido otros delitos y medidas cautelares que posteriormente fueron objeto de revisión y delimitación parcial por parte de los magistrados de la Audiencia.
El tribunal provincial resolvió archivar algunos extremos y apartar de este procedimiento con jurado popular al empresario Juan Carlos Barrabés, ordenando centrar el objeto del juicio en los aspectos estrictamente referidos a los cargos de tráfico de influencias por parte de un particular y al uso irregular de fondos o medios públicos. El actual auto del juez Peinado adapta formalmente los términos de la causa a esas directrices marcadas por la Audiencia.
Reacciones políticas y previsión de las defensas
Como ha ocurrido en etapas anteriores del procedimiento, la decisión judicial ha generado una rápida contestación en el ámbito político. Desde el PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y otros portavoces socialistas han criticado duramente el calendario y el fondo de la resolución, calificándola de maniobra de desgaste político y cuestionando la coincidencia temporal de los autos con desplazamientos institucionales del jefe del Ejecutivo. Asimismo, la formación ha defendido la total inocencia de Begoña Gómez y ha calificado la instrucción de errática.
Por su parte, las defensas jurídicas preparan ya sus escritos definitivos para afrontar la fase de vistas ante el tribunal del jurado, insistiendo en la inexistencia de irregularidades penalmente perseguibles en las actividades investigadas durante los últimos años.
