La advertencia del sector del vending sobre el real decreto
La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha solicitado formalmente al Gobierno la revisión del proyectado real decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios antes de su aprobación definitiva. La introducción de este decreto de alimentacion saludable genera gran preocupación en el tejido empresarial debido al impacto económico proyectado. Según las estimaciones difundidas por la organización empresarial, una aplicación estricta de la normativa actual podría poner en peligro unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de provocar un recorte estimado en 18 millones de euros anuales en los cánones que la venta automática genera para las administraciones públicas.
Los datos aportados por la patronal sitúan el volumen total de estos cánones en torno a los 60 millones de euros al año en el conjunto de las instalaciones públicas. De la cifra de pérdidas proyectada, la organización calcula que ocho millones de euros recaerán directamente sobre el ámbito de los hospitales, centros sanitarios y residencias sociosanitarias. Aunque la asociación reconoce y comparte la necesidad de fomentar hábitos de consumo más equilibrados entre la ciudadanía, sostiene que el texto normativo presenta importantes lagunas jurídicas y carece de una evaluación detallada sobre su repercusión real en los autónomos y las pequeñas empresas del sector.
Impacto en hospitales y centros públicos y problemas jurídicos
El debate central radica en cómo afectará la normativa a las máquinas expendedoras situadas en entornos donde el servicio de restauración tradicional cuenta con horarios muy limitados. Desde Aneda se subraya que, en numerosos centros sanitarios, residencias y dependencias de la administración, el vending constituye la única opción disponible de avituallamiento durante las horas nocturnas, los fines de semana o en los periodos de cierre de las cafeterías principales. La entidad recuerda que esta actividad desempeña una función complementaria y diferenciada de la dieta pautada para los pacientes y residentes.
La directora general de la asociación, Yolanda Carabante, ha advertido de que aprobar el marco legislativo en sus condiciones actuales derivará en una oleada de litigios, puntos de venta permanentemente vacíos y un empeoramiento notable del servicio prestado a los usuarios y trabajadores públicos. Entre los principales escollos jurídicos, el sector argumenta que las exigencias previstas resultan excesivamente rígidas para unos equipos que no operan bajo los parámetros de un comedor colectivo o una cafetería convencional, lo que podría abocar a la desierta adjudicación de numerosos concursos públicos.
Propuestas técnicas y la postura del Ministerio
Ante este escenario de incertidumbre económica y laboral, la patronal ha hecho llegar a varios ministerios una nota técnica detallada con propuestas constructivas destinadas a resolver las discrepancias legales sin alterar los propósitos fundamentales de salud pública que persigue el texto. Entre las principales peticiones del sector destaca la ampliación del periodo de adaptación para los operadores de 12 meses —plazo fijado inicialmente en el articulado— a un margen de 24 meses, un periodo que, según apunta la organización, ya aparecía recogido en la memoria económica inicial del propio proyecto normativo.
Asimismo, los representantes de la distribución automática reclaman que se protejan debidamente los contratos que se encuentran actualmente en vigor y que las nuevas directrices técnicas contemplen las limitaciones operativas y económicas inherentes a los equipos actuales. Esto incluye tener en cuenta las características de las zonas refrigeradas, los mecanismos de dispensación y las capacidades de almacenamiento, evitando obligar a los pequeños operadores a realizar inversiones desproporcionadas en ubicaciones con un volumen de ventas reducido.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido con firmeza la iniciativa legislativa, calificándola recientemente como una de las medidas de mayor calado social pendientes en la agenda de su departamento. El titular de Consumo ha señalado que el proyecto ha suscitado fuertes reticencias por parte de determinados sectores económicos y lobbies que no ven con buenos ojos su implantación, reiterando que la norma se encuentra lista para su tramitación definitiva en el Consejo de Ministros.
