Negociación exprés en el Congreso para salvar el decreto de vivienda
El Ejecutivo ha abierto un proceso de conversaciones formales con Junts per Catalunya para intentar desbloquear el decreto de vivienda, un movimiento político de máxima urgencia que se produce tras la profunda conmoción social originada por el desahucio de Maricarmen Abascal. Esta mujer de 87 años fue expulsada de su domicilio histórico en Madrid por la presión de un fondo de inversión, un caso límite que ha destapado de nuevo la crudeza de la emergencia habitacional en el país.
Las dramáticas imágenes de la anciana siendo evacuada en camilla han provocado una oleada de protestas ciudadanas y una presión sin precedentes sobre el Gobierno de coalición. Desde la Moncloa se busca ahora con urgencia la fórmula parlamentaria y legislativa que asegure la convalidación de la norma en el Congreso de los Diputados, después de que los intentos previos naufragaran ante la falta de consensos estables con los socios habituales de la legislatura.
Fuentes de la dirección de Junts han señalado públicamente que el PSOE ve con buenos ojos las propuestas que la formación independentista entregó en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre. Los representantes de Carles Puigdemont esperan recibir próximamente una contrapropuesta oficial por parte del Ejecutivo socialista para perfilar un texto definitivo que pueda recibir luz verde en el Consejo de Ministros, previsto de forma inminente, con el claro objetivo de ofrecer una respuesta rápida y tangible al malestar social generado en las calles.
Las propuestas de Junts sobre desgravaciones y fondos buitre
El documento planteado por la formación catalana incluye medidas de gran calado económico y social destinadas a modificar sustancialmente el enfoque del real decreto ley de vivienda. Entre los puntos principales figuran de forma destacada la suspensión de los desahucios en inmuebles que sean propiedad de fondos buitre, así como la prohibición estricta de que estas entidades financieras sigan adquiriendo nuevas viviendas con fines puramente especulativos en el mercado español.
Asimismo, el bloque de propuestas contempla la obligación de que las administraciones públicas se hagan cargo de los costes económicos derivados de los lanzamientos judiciales que afecten de manera directa a los pequeños propietarios vulnerables. En el ámbito estrictamente fiscal, las exigencias de Junts recogen bonificaciones de calado como la desgravación del alquiler y de las hipotecas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), además de incentivos específicos vinculados a las cuentas de ahorro destinadas a jóvenes.
Dentro de este paquete también se han introducido exenciones tributarias dirigidas a las personas mayores de 65 años que residen en centros de mayores, permitiéndoles vender su antigua vivienda habitual sin tener que pagar IRPF por la ganancia patrimonial obtenida. De igual modo, se plantea la posibilidad de que las familias puedan cancelar de forma definitiva la hipoteca de su vivienda si el banco original transfiere el préstamo a otra entidad por un importe inferior al saldo que todavía quedaba pendiente de amortización.
Posturas cruzadas de Sumar y Podemos ante las exigencias fiscales
La inclusión de incentivos y bonificaciones fiscales destinados a los propietarios ha generado notables fricciones en el seno del bloque gubernamental y entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Desde Sumar, ministros del gabinete como Pablo Bustunduy y Ernest Urtasun han admitido de forma abierta que las desgravaciones fiscales no se corresponden con el modelo tradicional defendido por la izquierda, al considerarlas en condiciones generales menos efectivas o justas, si bien han matizado que existe un amplio margen de acuerdo y voluntad política para ceder en pro de la estabilidad.
Los representantes de Sumar defienden que, en un escenario político y económico donde se contemplen restricciones o congelaciones a los precios del alquiler, un mecanismo de compensación fiscal dirigido a los pequeños propietarios puede resultar un instrumento diferente y viable si se prioriza la urgencia social del momento. Con esta premisa, instan a todos los grupos parlamentarios a dejar a los lados los cálculos a corto plazo para dar respuesta a la inmensa mayoría de ciudadanos que sufren el problema de la vivienda.
Por el contrario, formaciones de la izquierda alternativa como Podemos han manifestado un profundo escepticismo ante los planes y negociaciones en marcha en el Congreso. La eurodiputada Irene Montero ha calificado cualquier medida actual que se impulse desde el Gobierno como un mero parche, reclamando en su lugar actuaciones estructurales de mucha mayor profundidad. Entre sus demandas figuran la expropiación de inmuebles que actualmente se encuentran en manos de fondos de inversión y la imposición legal de contratos de alquiler indefinidos para frenar de raíz la escalada de precios en el mercado inmobiliario.
