La UCO eleva a 78 millones el dinero desviado a Portugal por la trama
La investigación judicial en torno al presunto fraude en el sector de los hidrocarburos da un nuevo paso de gran calado institucional y operativo. Los informes detallados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan de forma directa a que la red societaria vinculada a víctor de aldama y a su socio desvió un total de 78 millones de euros hacia territorio portugués. Esta compleja operativa forma parte del entramado investigado en relación con la empresa Villafuel S.L. y sus conexiones con el denominado Caso Koldo, bajo la supervisión directa del magistrado Santiago Pedraz en los juzgados de la Audiencia Nacional.
El hallazgo de estos movimientos transfronterizos de capital refuerza de manera notable las sospechas iniciales de los investigadores sobre la dimensión internacional del blanqueo de capitales y la ocultación sistemática de fondos procedentes de la suplantación de operadores mercantiles, así como el impago sistemático de los impuestos especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector de los carburantes. La gran magnitud de la cifra trasladada al país vecino evidencia la sofisticación y complejidad de los mecanismos financieros utilizados por la organización para canalizar los beneficios ilícitos fuera de las fronteras españolas.
Claves del fraude vinculado a Villafuel y al entorno de Aldama
El entramado societario analizado minuciosamente por los cuerpos policiales giraba en torno a operadoras de carburantes como Villafuel S.L., entidad señalada por los investigadores como el vehículo principal para articular este fraude masivo de hidrocarburos. Junto a víctor de aldama, figura de forma preeminente su socio Claudio Rivas, con quien presuntamente coordinaba de manera activa las operaciones comerciales destinadas a eludir de forma fraudulenta las obligaciones fiscales contraídas con la Agencia Tributaria española.
La operativa defraudatoria consistía fundamentalmente en la creación y utilización de una tupida red de empresas pantalla que facturaban grandes sumas sin llegar a ingresar los tributos correspondientes en las arcas públicas. Esto generaba un margen de beneficio ilícito muy elevado que posteriormente se fraccionaba y transfería a través de complejas estructuras bancarias internacionales. Los investigadores sostienen que el desvío de los 78 millones de euros detectados hacia Portugal responde a una estrategia deliberada y perfectamente planificada para dificultar el rastro del dinero, dotándolo de una aparente legalidad mediante diversas inversiones y depósitos en entidades extranjeras.
Asimismo, los informes de la UCO detallan cómo este flujo de capitales no solo buscaba la ocultación patrimonial, sino también la financiación de nuevas estructuras mercantiles que permitieran perpetuar la actividad defraudatoria durante un periodo prolongado. La cooperación con las autoridades policiales y judiciales de Portugal se ha revelado como un elemento indispensable para reconstruir el mapa financiero de la organización y destapar los nodos clave de la red de blanqueo.
Petición de bloqueo urgente de cuentas y medidas cautelares
Ante la constatación de estos movimientos millonarios hacia el país luso y el riesgo evidente de elacción de capitales, la UCO ha trasladado formalmente al juez instructor la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter urgente y contundente. En concreto, los agentes de la Guardia Civil han solicitado el bloqueo judicial inmediato de todas las cuentas bancarias y activos financieros vinculados a víctor de aldama y a su socio en Portugal, con el objetivo primordial de evitar que los fondos sean repatriados a paraísos fiscales o disipados antes de que la instrucción judicial avance hacia las fases decisivas de enjuiciamiento.
Esta solicitud de bloqueo patrimonial se suma a las múltiples actuaciones previas desarrolladas por los tribunales para asegurar las responsabilidades civiles y proceder al decomiso cautelar de los bienes obtenidos de forma presuntamente delictiva. La asistencia jurídica internacional, materializada a través de comisiones rogatorias, resultará determinante en los próximos meses para esclarecer el destino final de los capitales y desmantelar por completo la infraestructura financiera y societaria de la trama.
Por su parte, las defensas de los investigados estudian las alegaciones pertinentes frente a unas medidas que consideran extraordinarias, mientras el Juzgado Central de Instrucción valora los nuevos indicios aportados por la UCO para ampliar las líneas de investigación sobre los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
