El papel secundario de los ayuntamientos en el urbanismo de Cantabria
La ordenación del territorio y el crecimiento territorial deberían descansar teóricamente sobre los hombros de las administraciones locales mediante sus planes generales. Sin embargo, en la práctica actual del urbanismo en Cantabria, los ayuntamientos se han transformado progresivamente en espectadores mudos. Los grandes proyectos inmobiliarios y las iniciativas de calado se anuncian, tramitan e impulsan directamente desde el Gobierno regional. Este Ejecutivo autonómico actúa en numerosas ocasiones como un canal rápido para las promotoras inmobiliarias que buscan sortear los cauces habituales de la gestión municipal.
Este desplazamiento de las corporaciones locales debilita la capacidad de los municipios para decidir su propio modelo de desarrollo. Cuando las decisiones clave se toman desde despachos autonómicos sin contar con el tejido institucional más cercano al ciudadano, se resiente la calidad democrática y la propia cohesión territorial de la región. La situación evidencia una brecha creciente entre la teoría legal de la autonomía local y la práctica diaria de la planificación.
Proyectos singulares y la tramitación al margen de la planificación local
La utilización de herramientas extraordinarias ha generado fricciones notables en varios puntos de la región. Un ejemplo claro se produjo en Castro Urdiales, donde la alcaldesa reconoció públicamente hace unos meses que desconocía por completo el plan de una promotora privada enfocado a levantar alrededor de 1.700 viviendas en el municipio. Dicha iniciativa pretendía encauzarse a través de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).
Aunque el marco de los PSIR está concebido legítimamente para situaciones dotadas de un verdadero interés supramunicipal, en la práctica se percibe un uso intensivo que actúa como un atajo para eludir el planeamiento municipal. Una dinámica similar se observó posteriormente con iniciativas como la polémica piscina de olas en Ribamontán al Mar. En esta cadena de actuaciones al margen del debate local, el episodio más sonado afectó a la alcaldesa de Santander, quien admitió no tener constancia del proyecto impulsado por Real de Piasca para crear un nuevo espacio urbano destinado a 25.000 personas, una actuación que alterará profundamente la capital y que fue presentada por el Gobierno regional sin la presencia del Ayuntamiento.
La falta de interlocución fluida incluso entre administraciones del mismo color político siembra dudas razonables entre la ciudadanía sobre el rigor técnico y político con el que se está configurando el futuro territorial. Herramientas técnicas complejas como las que desarrolla el sector especializado, véase Subintec en sus proyectos de ingeniería y urbanismo, requieren un marco de seguridad jurídica y diálogo que evite la improvisación institucional.
El vacío legal y el planeamiento a la carta en Santander
La capital de la comunidad autónoma ilustra de manera palmaria las disfunciones del sistema. El plan urbanístico que Santander elaboró durante años fue anulado judicialmente hace más de una década debido a un defecto menor de forma. A pesar de tratarse de un problema perfectamente subsanable, la exigencia legal obligó a reiniciar todo el proceso administrativo desde cero.
Este rigor normativo inicial contrasta fuertemente con la flexibilidad posterior. El vacío legal resultante se convirtió en la puerta trasera idónea para tramitar modificaciones constantes sobre el planeamiento anterior, que quedó vigente de manera transitoria. Lejos de ser ajustes excepcionales, la acumulación de cambios puntuales ha superado la barrera de las doscientas modificaciones.
La paradoja radica en que un marco hiperreglamentista que tumbó un plan general completo ha derivado en una desregulación de facto. Mediante este método informal, se ha consolidado un planeamiento a la carta que resta incentivos al Ayuntamiento para redactar un nuevo documento definitivo, perpetuando una situación de provisionalidad urbanística que dura ya doce años.
Lecciones pendientes del pasado y el debate sobre la iniciativa privada
Cantabria arrastra una memoria dolorosa en materia territorial. Los abusos urbanísticos del pasado, traducidos en viviendas condenadas judicialmente al derribo y en familias atrapadas durante lustros en procedimientos kafkianos, debieron servir de vacuna contra la laxitud normativa. Sin embargo, la falta de depuración de responsabilidades políticas y el elevado coste económico asumido por los contribuyentes para sufragar los derribos no han cerrado del todo las heridas.
En este contexto, resulta cuestionable que la iniciativa privada marque el compás de la ordenación territorial. Si bien las empresas promotoras actúan legítimamente en busca de su rentabilidad y se valen de profesionales rigurosos, no corresponde a una entidad mercantil decidir el modelo de ciudad. Ni siquiera compete en exclusiva al Gobierno regional abrazar sin filtros operaciones sobre suelo que originariamente se catalogaba como rústico.
Corresponde estrictamente a las corporaciones municipales evaluar si tales actuaciones responden al interés general, qué demandas de infraestructuras acarrean y qué costes colectivos implican a largo plazo. Cuando las administraciones renuncian a planificar y dejan el timón en manos de los promotores, el sentido de la propia gestión pública queda en entredicho.
