Rechazo frontal al borrador del decreto de vivienda
La tensión política en torno al mercado inmobiliario y las políticas sociales ha sumado un nuevo capítulo después de que Podemos haya manifestado un rechazo absoluto al actual borrador del decreto de vivienda impulsado por el Ejecutivo. Durante una intervención en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena Ser, la secretaria política y eurodiputada de la formación morada, Irene Montero, calificó la propuesta gubernamental como un texto que «no hay por dónde cogerla» y censuró con dureza que se hayan priorizado los entendimientos previos con formaciones como Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Para la dirigente de Podemos, este proceder por parte del Gobierno central supone en la práctica «hacerle un trágala a la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda». En esta línea argumental, el partido sostiene que la estrategia de negociación parlamentaria debe cambiar de rumbo de manera drástica. Este posicionamiento político entronca directamente con los debates previos sobre la negociación del decreto de vivienda, donde ya se vislumbraban las costuras y las discrepancias entre los socios habituales del bloque de investidura ante la presión social generada en las calles y los recientes acontecimientos habitacionales que afectan a miles de ciudadanos en todo el país.
La formación insiste en que las conversaciones mantenidas al margen de los sectores sociales y de otros aliados parlamentarios tradicionales socavan la estabilidad de las medidas y alejan la posibilidad de alcanzar un consenso verdaderamente transformador. Según los portavoces de la formación, la vivienda representa una emergencia nacional que no puede supeditarse a acuerdos coyunturales que no aborden la raíz del problema económico y social que estrangula a las familias trabajadoras.
Exigencias de Podemos sobre el decreto de vivienda: bajada de precios y expropiaciones
Frente al contenido de la normativa planteada por el Ejecutivo central, la formación liderada por Irene Montero ha puesto sobre la mesa un paquete de condiciones estrictas e inapelables que consideran imprescindibles. Entre las peticiones fundamentales figuran la obligación legal de reducir los precios de los arrendamientos en las zonas tensionadas, la expropiación de inmuebles en manos de grandes tenedores y fondos buitre, la prohibición taxativa de cualquier operación de compraventa orientada a la especulación inmobiliaria y el veto definitivo a los desahucios de familias vulnerables que carezcan de una alternativa habitacional adecuada.
Asimismo, el partido criticó con dureza que el documento actual sea prácticamente idéntico al presentado meses atrás durante el periodo estival, con el único cambio aparente de haber suprimido los aspectos relativos a la ley del suelo. A juicio de la eurodiputada, mantener este enfoque legislativo constituye una falta de respeto hacia la ciudadanía y los colectivos que participan activamente en las movilizaciones callejeras. La formación recuerda que estas exigencias sintonizan con las demandas históricas de los movimientos sociales, similares a las planteadas en torno a un decreto de vivienda contra los fondos buitre que garantice una protección jurídica real frente a los abusos del sector especulativo.
En su análisis, la eurodiputada subrayó que las medidas de calado estructural son las únicas capaces de revertir la escalada inflacionista en el sector inmobiliario. Desde la perspectiva de su espacio político, los parches normativos o las bonificaciones fiscales dirigidas a los propietarios no resuelven la carestía de la vivienda, sino que consolidan un modelo de rentistas y grandes tenedores que expulsan a los jóvenes y a las rentas medias de los núcleos urbanos.
Advertencia sobre la falta de apoyos y el futuro parlamentario del decreto de vivienda
Más allá del contenido técnico y social de la medida, Podemos ha querido lanzar una advertencia muy clara respecto a la viabilidad política de la norma en el Congreso de los Diputados. Según la formación morada, si el texto definitivo no incorpora transformaciones estructurales profundas ni cuenta con los consensos de una mayoría social real, el decreto de vivienda nacerá completamente muerto, careciendo de la fuerza necesaria para transformar la realidad del acceso a la propiedad y al alquiler.
Montero arremetió además contra el Partido Socialista por intentar eludir sus responsabilidades gubernamentales achacando el bloqueo político a la falta de entendimiento entre los distintos grupos parlamentarios. En este sentido, retó abiertamente al Ejecutivo a presentar un real decreto dotado de auténticas medidas estructurales para comprobar de primera mano qué formaciones políticas se atreverían a tumbarlo en la Cámara Baja, poniendo fin de este modo a lo que consideran una prórroga innecesaria de un problema social acuciante que exige respuestas inmediatas y valientes por parte de las instituciones del Estado.
La advertencia lanzada por los representantes de Podemos busca colocar el foco en la correlación de fuerzas dentro del arco parlamentario, recordando que cualquier intento de aprobar legislación en materia habitacional sin contar con el respaldo de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y de los movimientos sociales corre el riesgo de encallar definitivamente en el trámite legislativo.
