Dos reales decretos para blindar los desahucios y limitar a los fondos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete normativo compuesto por dos reales decretos en materia residencial tras una intensa negociación entre los socios del Ejecutivo de coalición, PSOE y Sumar. Con la aplicación de este nuevo decreto de vivienda desahucios 2030, el Gobierno busca frenar la vulnerabilidad habitacional prolongando la suspensión de lanzamientos para colectivos vulnerables y estableciendo nuevas restricciones temporales en el mercado inmobiliario español.
La adopción de estas medidas se produce tras semanas de tensiones políticas y movilizaciones sociales, reflejadas en protestas ciudadanas como la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han defendido que los textos normativos responden a la necesidad de salvaguardar los derechos de la ciudadanía frente a la tensión de los precios. Asimismo, la urgencia de la situación ha motivado que el Ejecutivo solicite a la Cámara Baja la celebración de un pleno extraordinario de carácter inmediato.
Desglose de las medidas y estrategia de división de textos
Para facilitar su tramitación parlamentaria y asegurar al menos una parte de los apoyos necesarios, el Consejo de Ministros ha optado por desglosar el contenido en dos textos legales diferenciados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó esta estrategia de división como un ejercicio de inteligencia política y flexibilidad ante la complejidad de las posturas en el Congreso.
El primer real decreto concentra el núcleo de las restricciones al sector inversor y la protección social. Entre sus disposiciones destaca la extensión hasta 2028 de la prohibición de que los fondos de inversión catalogados como buitre adquieran inmuebles residenciales en determinadas áreas tensionadas. Asimismo, incorpora una prórroga de dos años para los contratos de arrendamiento en vigor que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, junto con un paquete fiscal orientado a incentivar a los grandes tenedores y socimis hacia el alquiler asequible. También se contemplan líneas de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar préstamos a tipo cero destinados a la adquisición de primera vivienda.
Por su parte, el segundo real decreto engloba aquellas materias que tradicionalmente generan mayor controversia parlamentaria, como la regulación específica del alquiler de habitaciones y de temporada, además de la instauración de un mecanismo de renovación automática de los contratos de alquiler. Estas adiciones reflejan la integración de las principales exigencias planteadas por el socio minoritario del Ejecutivo.
El reto de la convalidación en el Congreso este viernes
La viabilidad de esta normativa se examinará de manera definitiva este próximo viernes en un pleno extraordinario convocado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo confía en que la atomización del articulado en dos normas distintas permita reconstruir la mayoría parlamentaria necesaria para convalidar, al menos, el bloque central de las medidas económicas y de protección temporal.
Las posturas de los grupos de la oposición y de los habituales socios de investidura presentan matices diversos. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo ha avanzado el voto en contra de su formación, al argumentar que las decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno carecen de eficacia real para solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda. Por otro lado, formaciones nacionalistas como Junts han mostrado su sorpresa ante la fragmentación del decreto, exigiendo un análisis detallado de los textos antes de definir el sentido de su voto, con especial atención a la salvaguarda de los pequeños propietarios. Estos antecedentes evidencian la complejidad de las negociaciones que El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda en el marco de una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y el impacto social de la crisis residencial.
