La defensa de Elma Saiz sobre la Diputación Permanente
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido este jueves la absoluta legalidad y constitucionalidad de tramitar los decretos de vivienda diputacion permanente tras el rechazo sufrido en el Pleno de la Cámara Baja. A juicio de la portavoz, recurrir a este órgano constituye una decisión ética enfocada en dar respuesta a un clamor social acuciante en materia residencial.
En unas declaraciones concedidas a RNE y recogidas por Europa Press, la ministra ha salido al paso de las críticas políticas sobre la estrategia parlamentaria del Gobierno. Las iniciativas normativas habían caído previamente en el Congreso de los Diputados debido a los votos en contra de formaciones como UPN, Junts, PP y Vox. Ante esta negativa, la utilización de la Diputación Permanente se plantea como una vía alternativa que, según el Ejecutivo, cuenta con precedentes en otros parlamentos autonómicos como el andaluz.
Saiz ha querido subrayar que el Ejecutivo actúa de forma constante bajo el paraguas de la ley y garantizando la seguridad jurídica. Durante su comparecencia radiofónica, la portavoz lanzó una pregunta directa a sus críticos: «¿Hay algo más ético en este momento que poner encima de la mesa medidas que dan respuesta al clamor social, amplían la oferta y evitan la especulación?». Del mismo modo, calificó de «absolutamente incomprensible» la postura adoptada por las formaciones de la oposición que votaron en contra de estas medidas en la Cámara Baja.
Contexto parlamentario y fechas de entrada en vigor
La controversia surge en un escenario de fuerte tensión política en el ámbito legislativo. El rechazo inicial de las medidas por parte de la oposición motivó que el Gobierno barajase distintos escenarios de respuesta institucional, e incluso se analizó el impacto que esta inestabilidad parlamentaria podría generar en la legislatura, tal como apuntan análisis sobre si Pedro Sánchez estudia un adelanto electoral tras tumbar el Congreso los decretos de vivienda. Frente a las críticas de la oposición, Saiz ha garantizado que el Ejecutivo actúa bajo el amparo de la ley y buscando la seguridad jurídica.
Asimismo, la ministra ha justificado que las distintas normas entren en vigor en fechas diferenciadas —un decreto lo hace de forma inmediata y otro quedará fijado para el 15 de noviembre— por razones estrictamente técnico-jurídicas y con el objetivo de ofrecer plenas garantías a los ciudadanos. Desde la perspectiva gubernamental, la intervención pública en el mercado inmobiliario se considera indispensable para ampliar la oferta, frenar la especulación y proteger tanto a colectivos vulnerables como a los pequeños propietarios frente a los desequilibrios actuales del mercado.
En este sentido, la titular de Seguridad Social argumentó que las dinámicas del mercado de la vivienda no funcionan de manera espontánea en beneficio de todos los ciudadanos sin la debida intervención pública. Asimismo, la portavoz gubernamental aprovechó para responsabilizar directamente a varias administraciones autonómicas, citando de forma expresa a la Comunidad de Madrid, de obstaculizar la efectiva aplicación de la Ley de Vivienda estatal pese a recibir fondos públicos procedentes del Estado, recordando que el derecho fundamental a una vivienda digna no entiende de colores políticos ni de franjas de edad.
El impacto del caso de Maricarmen y la huelga del 11 de noviembre
Durante su intervención, la portavoz del Gobierno también abordó el impacto social generado por el fallecimiento de Maricarmen, la mujer desahuciada recientemente de su piso de alquiler en Madrid. Tras trasladar sus condolencias a familiares y allegados, Saiz señaló que este luctuoso suceso ha movido conciencias y evidenciado la gravedad de una crisis habitacional sobre la que el Ejecutivo lleva trabajando desde hace tiempo.
La ministra aseveró que Maricarmen merecía pasar sus últimos días en su hogar y recordó que quien paga el alquiler de forma religiosa no puede ser injustamente desahuciado, defendiendo el firme compromiso del Gobierno para evitar que se repitan situaciones similares. Asimismo, afeó los intentos de deshumanización, las críticas y el hecho de que determinados sectores políticos y mediáticos hayan escarbado en el pasado de la víctima tras su fallecimiento, destacando que los ciudadanos con buen corazón son mayoría.
En relación con la huelga general por la crisis de la vivienda convocada por las organizaciones sindicales para el próximo 11 de noviembre —en vísperas de citas electorales—, la portavoz mostró su máximo respeto al derecho constitucional de huelga y manifestación. Aunque reconoció que comparte las motivaciones de los trabajadores ante las dificultades de acceso a la residencia, declinó polemizar sobre si la protesta busca perjudicar al Ejecutivo o a la oposición, indicando que corresponde a los sindicatos argumentar la oportunidad de la convocatoria y subrayando que el problema habitacional trasciende los tiempos de campaña.
