Negociaciones contrarreloj entre PSOE y Sumar
Las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición atraviesan momentos de máxima tensión a pocas horas de la celebración del Consejo de Ministros. Sumar ha remitido un nuevo borrador del decreto de vivienda al PSOE con el objetivo de desbloquear la tramitación de esta norma de carácter urgente. Sin embargo, a pesar de los contactos mantenidos de forma ininterrumpida durante toda la noche por los equipos negociadores, ambas formaciones reconocen que todavía no existe un pacto definitivo sobre el texto que pretende llevarse a la mesa del Consejo de Ministros para su debate y posible aprobación.
Este pulso político se produce en un escenario de intensa presión tanto social como parlamentaria. Yolanda Díaz exige un real decreto de vivienda contra los fondos buitre mientras desde el sector a la izquierda del PSOE se advierte de manera reiterada que no se avalarán medidas gubernamentales que se queden a medio camino de las demandas ciudadanas. De hecho, ministros como Mónica García han subrayado públicamente la firmeza de sus exigencias para que el articulado final recoja de manera íntegra todas las propuestas que consideran irrenunciables para hacer frente a la crisis habitacional.
Desde la parte socialista del Ejecutivo se insiste en que el diálogo continúa abierto de forma permanente mientras en la calle se suceden las protestas y la acampada en la Puerta del Sol. Los socialistas defienden la necesidad de articular una respuesta transversal y jurídicamente sólida que permita proteger los derechos de los ciudadanos en múltiples frentes normativos.
Medidas en discordia y líneas rojas
El documento enviado por Sumar incluye un paquete de medidas de calado orientadas a intervenir de forma directa en el mercado inmobiliario español. Entre las principales novedades destacan la regulación específica del alquiler de habitaciones, la implantación de la renovación automática de los contratos de alquiler —una de las reivindicaciones principales abanderadas por colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas— y un refuerzo sustancial de la protección institucional frente a los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad económica.
Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo abarca un enfoque más amplio que contempla hasta diez ámbitos diferentes para garantizar el derecho a la residencia. Entre las medidas barajadas figuran la prohibición temporal de compras especulativas por parte de fondos de inversión extranjeros, la limitación de las actualizaciones de rentas al 2%, la extensión de la suspensión de lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2028 para colectivos vulnerables y diversos incentivos fiscales destinados a inquilinos y compradores de primera vivienda. No obstante, las discrepancias sobre el alcance exacto de estas restricciones mantienen el borrador decreto vivienda en el centro de la disputa gubernamental.
En paralelo, formaciones como ERC han manifestado que, para garantizar su apoyo, resulta indispensable incluir la aplicación estricta de los índices de contención de rentas a los alquileres de habitaciones y la suspensión generalizada de los desahucios para todas las personas vulnerables.
La presión social y la postura de los socios parlamentarios
El clima político actual viene condicionado por el fuerte impacto social generado tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, un suceso que desató protestas ciudadanas y acampadas en lugares emblemáticos de la capital. Este episodio ha acelerado de forma notable la agenda del Ejecutivo, que ya intentó sin éxito aprobar este real decreto el pasado mes de julio. En este contexto, El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda tras el impacto social por el desahucio de Maricarmen, buscando los apoyos parlamentarios necesarios ante un Congreso fragmentado.
Las formaciones independentistas catalanas ya han advertido sobre las dificultades para convalidar el texto definitivo. Desde Junts se ha señalado que las modificaciones introducidas a última hora complican el entendimiento y distancian las posturas iniciales debido a la presión ejercida por los socios de coalición. Una vez superado el trámite del Consejo de Ministros, el Gobierno dispondrá de un plazo de un mes para someter la norma a la convalidación de la Cámara Baja, donde el respaldo de sus socios habituales resulta completamente indispensable para evitar un nuevo fracaso legislativo.
