Vox defiende la autonomía del Alto Tribunal ante los recursos
El vicesecretario de Acción Política de Vox, Ignacio de Hoces, ha asegurado que su formación no tiene la intención de ejercer «ningún tipo de presión» sobre el Tribunal Supremo para acelerar o retrasar el dictamen definitivo sobre la aplicación de la ley de nietos tribunal supremo respecto al derecho al voto de los afectados. En una entrevista concedida al programa ‘Parlamento’ de RNE y recogida por Europa Press, el dirigente político ha señalado que corresponde exclusivamente a los magistrados determinar la priorización de esta causa frente a otros asuntos pendientes en sus agendas.
Hoces ha diferenciado la postura de su partido respecto al funcionamiento de la justicia de la actuación del Ejecutivo central, al que ha acusado de interferir reiteradamente en diferentes procedimientos judiciales. A su juicio, lo verdaderamente relevante para su formación es que el Alto Tribunal emita una sentencia de fondo que determine la ilegalidad de la instrucción impugnada y fije con claridad las condiciones del sufragio exterior.
El origen de la suspensión cautelar del voto en el CERA
La controversia jurídica gira en torno a la decisión adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que notificó los autos completos en los que justifica la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta medida provisional responde a las demandas presentadas por Vox y por la plataforma Iustitia Europa en contra de la interpretación administrativa de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Los magistrados fundamentaron el freno provisional en la existencia de un riesgo considerado «real y serio» para la transparencia y objetividad de los procesos electorales en España. Según los datos recogidos en las resoluciones judiciales a partir de las cifras aportadas por las partes recurrentes, el CERA experimentó un crecimiento notable hasta situarse en 2.736.522 electores a fecha de 1 de julio de 2026, lo que representa un incremento superior a las 400.000 personas en comparación con los comicios generales de 2023.
Impacto sobre los nacionalizados y exclusión de la pérdida de nacionalidad
El auto judicial establece que la suspensión cautelar afecta de forma directa a la capacidad de voto de quienes han obtenido u obtengan la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos tribunal supremo, salvo que los consulados acrediten de manera individualizada y expresa la condición de exilio de sus ascendientes. Desde el punto de vista práctico, la medida cautelar distingue dos supuestos:
- Para los ciudadanos que ya figuran inscritos en el CERA, se suspenden temporalmente los efectos electorales para las convocatorias que puedan celebrarse mientras dure el proceso judicial.
- Para los expedientes que se encuentran todavía en tramitación, la vía administrativa sigue su curso hasta completarse, pero la inscripción censal definitiva queda congelada.
Los magistrados han insistido en que estas decisiones tienen un carácter estrictamente temporal y que la nacionalidad española concedida a los solicitantes permanece intacta y plenamente vigente, al igual que el uso del DNI o el pasaporte. El debate jurídico continuará en los tribunales hasta que se resuelva el fondo de los recursos interpuestos.
Críticas al Gobierno y posicionamiento de los partidos
Durante su intervención pública, el representante de Vox también se pronunció sobre el papel de otras formaciones políticas ante este procedimiento. Preguntado por las valoraciones del Partido Popular relativas a la resolución judicial, Ignacio de Hoces criticó que otras fuerzas políticas se apropien de decisiones impulsadas por los tribunales y sugirió que el principal partido de la oposición podría haber interpuesto recursos similares a los promovidos por su formación.
Por su parte, el Alto Tribunal ha señalado que la instrucción dictada el 25 de octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública no parece ajustarse plenamente al espíritu del legislador en la Ley de Memoria Democrática, cuyo propósito original era atender los casos específicos de descendientes de personas exiliadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, en lugar de aplicar una presunción automática y genérica a todas las salidas producidas en determinadas franjas temporales. La resolución definitiva del tribunal marcará el rumbo definitivo de este derecho para centenares de miles de ciudadanos residentes en el exterior.
