El vínculo inmobiliario descubierto por la Guardia Civil
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha añadido un nuevo elemento de análisis al mapa de relaciones vinculado al piso cloaca del PSOE. Según la certificación oficial incorporada a las diligencias, basada en la declaración de una testigo clave, dos hermanas pertenecientes a una misma familia madrileña arrendaron por separado sendas viviendas que ahora sitúan bajo el foco judicial a figuras del entorno político y empresarial próximo al Partido Socialista.
El informe policial detalla que uno de los inmuebles fue alquilado a la red investigada por su presunta participación en maniobras de carácter político y judicial, mientras que el segundo contrato se rubricó con Julio Martínez, conocido en el ámbito de la instrucción como Julito y señalado en diversos sumarios como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. La coincidencia temporal y familiar de ambos arrendamientos ha permitido a los investigadores trazar una línea de conexión indirecta entre distintas tramas bajo sospecha.
El alquiler del piso en la calle Diego de León
El primero de los inmuebles se encuentra situado en la madrileña calle Diego de León, un emplazamiento que adquiere especial relevancia en la causa. El escrito de personación presentado por la magistrada Beatriz Biedma identifica esta ubicación como el escenario en el que, en septiembre de 2024, se celebró una reunión clave entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis Sáenz de Tejada y Joaquín Parra, considerados el núcleo del grupo investigado por presuntamente intentar torpedear la causa judicial abierta contra David Sánchez.
La propietaria del piso, María José de la Huerta Rojo, declaró ante la Guardia Civil que ostenta la titularidad de la vivienda desde enero de 2023, si bien en diciembre de ese mismo año donó la nuda propiedad a sus hijas. El 30 de diciembre de 2023, el inmueble fue alquilado a la sociedad Allies & Altera SL, representada por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este contrato se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, abarcando de este modo el periodo en el que se produjo la mencionada reunión de la facción investigada.
Durante la instrucción, la arrendadora señaló que el propósito declarado por los inquilinos era destinar el espacio a la labor profesional de un despacho de abogados con planes de fusión con otra firma sevillana, una integración que nunca llegó a materializarse y que se adujo para rescindir el acuerdo. Asimismo, la propietaria indicó que el conserje del edificio advirtió en reiteradas ocasiones sobre la escasa actividad en el interior de la vivienda, un detalle que encaja con el uso intermitente propio de encuentros discretos. En cuanto a los pagos, fijados en una renta mensual de 2.958 euros, se efectuaron por transferencia bancaria desde cuentas asociadas inicialmente a Fernández Guerrero y, con posterioridad, de la propia mercantil.
La conexión con el ático del presunto testaferro
El hilo conductor de la investigación condujo de forma casi incidental a un segundo contrato habitacional gestionado por el mismo núcleo familiar. Al ser interrogada sobre otras operaciones de alquiler de naturaleza similar, la testigo reconoció que su hermana arrendó durante aproximadamente un lustro un piso en Madrid a Julio Martínez Martínez. Los vínculos de este arrendatario con el expresidente del Gobierno trascendieron públicamente a través de los medios de comunicación y de su propia declaración judicial.
En su comparecencia ante la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra, Martínez reconoció haber actuado como hombre de paja del exmandatario socialista en gestiones relacionadas con el rescate público concedido a la aerolínea venezolana en 2021, aunque su testimonio evitó precisar detalles sobre sus mediaciones o retribuciones. Este segundo arrendamiento concluyó de forma simultánea al del piso de la calle Diego de León, cerrando un ciclo de contratos inmobiliarios que ahora examinan con lupa los agentes de la UCO para determinar el alcance exacto de estas sinergias patrimoniales y su posible relevancia en las pesquisas en curso.
