Principales resoluciones del TEAC y consultas de la DGT
La segunda quincena del mes deja importantes pronunciamientos de los organismos consultivos y económico-administrativos del Estado. En lo referente a la doctrina administrativa septiembre 2026, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado nuevos criterios que afectan de manera directa a los contribuyentes, a la gestión de sanciones y a la fiscalidad de determinadas estructuras societarias y mercantiles.
Entre las resoluciones más destacadas del TEAC se encuentra el criterio por el cual los efectos de la suspensión de las sanciones que son objeto de derivación de responsabilidad no se extienden de manera automática al resto de responsables solidarios o subsidiarios que no hayan recurrido individualmente dicha sanción. Asimismo, el órgano económico-administrativo ha extendido al ámbito específico de las subvenciones su doctrina relativa a la responsabilidad del representante persona física del administrador societario.
Otro aspecto de gran relevancia abordado por el TEAC incide en las infracciones tributarias calificadas como muy graves por la utilización de medios fraudulentos. El organismo administrativo determina que no basta con acreditar meramente que la llevanza incorrecta de los libros contables supera el 50% de la base de la sanción, sino que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se encuentra obligada a justificar de forma fehaciente la elusión real de impuestos. En materia de amortizaciones, el tribunal ha rechazado la deducción del fondo de comercio cuando este no se encuentra debidamente acreditado, delimitando además el tratamiento aplicable ante errores contables en ejercicios que ya han prescrito.
Por su parte, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido diversas consultas vinculantes de interés general. Entre ellas destaca la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos no cobrados en el seno de un concurso de acreedores, así como el tratamiento fiscal que corresponde otorgar a las costas procesales cuando estas operan como una pérdida patrimonial. También se han aclarado cuestiones relativas al alquiler de viviendas turísticas operadas por comunidades de bienes y a la determinación del empleador en supuestos de trabajadores desplazados temporalmente a territorio español cuyas retribuciones son satisfechas íntegramente desde el extranjero.
Novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional
El ámbito judicial también ha concentrado una intensa actividad durante la segunda mitad del mes analizado. La jurisprudencia fiscal septiembre 2026 se ve enriquecida por sentencias del Tribunal Supremo que marcan un límite claro a las actuaciones de recaudación y embargo por parte de la Administración tributaria.
Uno de los pronunciamientos más destacados del Alto Tribunal establece que una denominada comunicación de pago de devolución emitida por la AEAT puede ser objeto de reclamación económico-administrativa por parte del contribuyente si la Administración aplica de manera sobrevenida una deducción sobre dicha cuantía con el fin de hacer efectivo un embargo. En la misma línea de protección al ciudadano, el Tribunal Supremo ha declarado expresamente inembargable el saldo procedente de anteriores mensualidades de sueldos, salarios o pensiones que gocen de dicha protección legal, incluso en aquellos supuestos en los que el dinero no haya sido consumido inmediatamente y se vaya acumulando de forma progresiva en la cuenta bancaria del titular.
En el ámbito de la Audiencia Nacional, se han dictado resoluciones relativas a las garantías procedimentales en las actuaciones inspectoras y de revisión. Entre ellas, los tribunales recuerdan que la falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en una entrada y registro domiciliario exige examinar con rigor la posible vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, pudiendo acarrear la nulidad de pleno derecho de las actuaciones practicadas. Asimismo, se ha abordado la exigencia de una motivación rigurosa en los procedimientos especiales de revisión para evitar la indefensión del administrado.
Finalmente, los Tribunales Superiores de Justicia han dictado sentencias de interés en materia autonómica, resolviendo conflictos sobre la acreditación de la residencia fiscal efectiva en supuestos de pluralidad de vínculos familiares en distintas comunidades autónomas, así como en la aplicación de reducciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto a explotaciones agrarias.
