El informe y la confesión clave sobre el espionaje de Marruecos
Las denuncias sobre el uso desmedido de la tecnología de vigilancia contra voces disidentes han sumado un capítulo sin precedentes con la publicación de un detallado informe de Amnistía Internacional. La investigación destapa la existencia de un complejo aparato de control estatal diseñado para rastrear, intimidar y encarcelar a activistas, abogados y periodistas independientes tanto dentro como fuera de las fronteras del país magrebí.
Titulado «Comenzamos con el veredicto», el documento reconstruye el engranaje de esta maquinaria represiva combinando análisis forenses informáticos, miles de registros filtrados y, de manera pionera, el testimonio de un antiguo agente de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST), identificado bajo el seudónimo de «Safir». Sus revelaciones confirman que los servicios de inteligencia del Estado no solo se han apoyado en programas avanzados de interceptación, sino que operan mediante una red de intervención mixta sin supervisión judicial.
Este complejo entramado de vigilancia abarca tanto la infraestructura digital como la monitorización física de los objetivos considerados incómodos por las autoridades del reino alauí. La magnitud de la red destapada evidencia el alcance de las operaciones de seguimiento ejecutadas durante años a espaldas de cualquier garantía legal o control democrático, afectando de manera directa a figuras clave de la sociedad civil y del periodismo de investigación.
Métodos digitales y analógicos de control y vigilancia
El testimonio de la fuente interna describe un amplio abanico de operaciones que traspasan el ámbito estrictamente digital. Según detalla el documento, la inteligencia marroquí ha llegado a colaborar con comercios locales de telefonía para vender a personas de interés terminales de segunda mano previamente infectados con herramientas de espionaje. Asimismo, la investigación detalla la infección deliberada de equipos informáticos en cibercafés frecuentados de manera habitual por los objetivos de la DGST.
En el plano físico, las tácticas documentadas incluyen el reclutamiento de vecinos como informadores y la instalación de micrófonos diminutos en domicilios privados. Entre los casos expuestos se encuentra el del periodista Omar Radi, sometido a seguimiento continuo y cuyo apartamento fue equipado con escuchas ocultas en los apliques de la iluminación. La información privada obtenida se emplea de forma sistemática para alimentar campañas de desprestigio en medios afines al Gobierno y para difundir material íntimo con el propósito de humillar a las víctimas, tal como ocurrió en 2021 con el activista Fouad Abdelmoumni.
La combinación de ciberespionaje mediante herramientas sofisticadas y la vigilancia tradicional de carácter analógico demuestra un grado de sofisticación muy elevado en las operaciones de control. Las pruebas recabadas en los análisis forenses informáticos confirman la persistencia de estas prácticas de intrusión en la vida privada de los ciudadanos investigados.
Impacto en activistas y respuesta internacional
A pesar de que el Ejecutivo marroquí ha negado de forma reiterada estas prácticas de interceptación, las pruebas recopiladas vinculan al Estado con la adquisición de licencias a fabricantes internacionales en Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo a NSO Group —desarrolladora del programa Pegasus—, Memento Labs y Gamma Group. Registros de clientes revelados en procedimientos judiciales en Estados Unidos confirman sesiones de formación impartidas a funcionarios de la DGST desde septiembre de 2017.
Para Agnès Callamard, secretaria general de la organización humanitaria, estos hallazgos evidencian que Marruecos ha adoptado prácticas tecnoautoritarias para consolidar un entorno de intimidación generalizada. Ante esta situación, se ha realizado un llamamiento formal a la comunidad internacional para paralizar las exportaciones de tecnología de ciberpatrulla a territorios que carezcan de garantías para los derechos fundamentales. Hasta el momento de la publicación del informe, las autoridades de Rabat no han emitido una respuesta oficial a las solicitudes de información cursadas.
Las ramificaciones de este escándalo internacional ponen de relieve la urgencia de establecer marcos regulatorios más estrictos sobre la comercialización y el uso de programas espía y tecnologías de vigilancia de doble uso, con el fin de proteger de manera efectiva la labor de defensores de derechos humanos, letrados y profesionales de la comunicación en todo el mundo.
