El DAO confirma por escrito las llamadas de Interior
El director adjunto operativo guardia civil, Manuel Llamas, ha remitido un escrito oficial al juez instructor en el marco del conocido como caso de las cloacas. En este documento judicial, al que han tenido acceso diversos medios de comunicación, el alto cargo confirma de manera explícita que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la institución, Mercedes González, mantuvieron contactos telefónicos directos con él tras hacerse públicos en la prensa los correos vinculados al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La revelación de este oficio añade una nueva dimensión a la investigación que encabeza el juez Santiago Pedraz. Según la documentación aportada por la defensa de Manuel Llamas, el origen de aquellas comunicaciones institucionales se debió a la repercusión generada por la divulgación de los citados mensajes electrónicos, lo que motivó un intercambio de impresiones en la cúpula del Ministerio y del Instituto Armado para evaluar el impacto de la filtración y sus consecuencias operativas dentro de las diligencias abiertas.
Contexto de la investigación y papel de la UCO
Esta ramificación judicial se originó después de que los investigadores acreditasen contactos previos entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la figura señalada en la trama. Tanto González como el propio Llamas se encuentran formalmente investigados en este procedimiento por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, una situación que ha desatado una profunda inquietud institucional y un debate inusual en el seno del Cuerpo armado.
Ante este escenario complejo, las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran un panorama insostenible para la cúpula directiva. Organizaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han calificado de enorme gravedad que los máximos responsables figuren bajo la sombra de esta investigación judicial. Al mismo tiempo, los representantes de los agentes han reiterado su respaldo firme e independiente a la Unidad Central Operativa (El Confidencial), destacando su labor profesional en las pesquisas desarrolladas ante los tribunales en relación con el entorno presidencial.
Argumentos de la defensa sobre el gobierno interno
En su escrito remitido al juzgado, la defensa de Manuel Llamas ha matizado los mecanismos de dación de cuentas aplicados en el seno de la institución. De acuerdo con los detalles aportados por el equipo legal del DAO, el motivo principal de informar a la directora general radicó en que esta última estuvo presente en la génesis de las comunicaciones a través de su propia llamada y la del ministro del Interior, tal y como señala OKdiario.
Asimismo, los argumentos jurídicos precisan que aquellas gestiones respondían estrictamente a la necesidad de poner en antecedentes a los responsables sobre los perjuicios ocasionados por la difusión de datos personales de terceros ajenos a las pesquisas que llevaba a cabo la UCO ante un juzgado de Badajoz. Por otro lado, la defensa subraya que los expedientes de información reservada gestionados de manera interna se resolvían habitualmente como cuestiones de gobierno ordinario, salvo en aquellos supuestos en los que existían denuncias previas vinculadas a escritos anónimos recibidos en los servicios competentes, como ocurrió en el caso del Servicio de Asuntos Internos.
Repercusión institucional en el Instituto Armado
La situación procesal de la cúpula directiva mantiene en alerta a los efectivos de la institución. Compañeros que han tenido que lidiar en los últimos tiempos con un escenario de alta tensión debido a las investigaciones complejas sobre el entorno del Ejecutivo observan con recelo que el procedimiento judicial salpique a los mandos operativos. La falta de normalización institucional denunciada por los colectivos de guardias civiles subraya la urgencia de explicaciones claras sobre los protocolos internos activados tras la filtración de los correos electrónicos, manteniendo abierto un frente de máxima sensibilidad política y judicial en España.
