Una infraestructura clave bajo la incertidumbre
La construcción de la carretera Requejada-Suances, concebida como la mayor inversión en infraestructuras impulsada por el Gobierno de María José Saenz de Buruaga, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Según la información difundida, el procedimiento de licitación abierto por la administración autonómica se enfrenta a un riesgo real de quedar desierto debido a las dudas que suscitan sus condiciones económicas entre los grandes operadores del sector de la construcción.
Esta nueva vía de comunicación está proyectada para enlazar de manera directa las localidades de Suances y Tagle con la autovía A-67 a través de Requejada, lo que permitiría esquivar el trayecto tradicional que actualmente transcurre por Barreda. No obstante, el escaso atractivo financiero de las bases del contrato para asumir la inversión inicial y el mantenimiento posterior amenaza con frenar una actuación largamente demandada en la región.
El plazo estipulado para la presentación de ofertas concluye el próximo 30 de noviembre, de modo que el Ejecutivo autonómico comprobará de forma inminente si los requisitos establecidos han conseguido despertar el interés suficiente entre las empresas de obra pública, las cuales consideran en muchos casos que la cuantía económica fijada resulta insuficiente para cubrir todos los costes y riesgos inherentes a un trabajo de tal magnitud.
Condiciones económicas y retos técnicos del proyecto
El proyecto ha sido promovido a través de la empresa pública Gesvican con un presupuesto base de licitación que asciende a 164,25 millones de euros, sin incluir el IVA, y un modelo de concesión fijado en un periodo de treinta años. Este planteamiento contrasta de forma significativa con las estimaciones iniciales manejadas en 2025, cuando el trazado y la ejecución del puente sobre la ría de San Martín contaban con un presupuesto de ejecución que rondaba entre los 44 y los 45 millones de euros antes de decantarse por la fórmula de financiación privada y mantenimiento a largo plazo.
La complejidad técnica de la actuación, que comprende la ejecución de un puente sobre la ría de San Martín con un vano central de 150 metros para salvar los obstáculos geográficos y urbanísticos de la zona, exige un desembolso económico inicial muy elevado. Las empresas constructoras deben sopesar con rigor los costes de los recursos financieros necesarios, las posibles desviaciones presupuestarias a lo largo de los trabajos y la rentabilidad neta que percibirán mediante los pagos estipulados en la concesión durante tres décadas enteras.
Además, la magnitud de la obra se refleja claramente en las exigencias de los pliegos de contratación, que imponen una garantía provisional cifrada en dos millones de euros junto con una garantía definitiva del 3%, evaluando tanto la oferta económica como las soluciones técnicas aplicadas al trazado viario y al puente singular.
Implicaciones para el modelo de colaboración público-privada
El actual clima financiero no favorece la ejecución de operaciones de esta envergadura. Cualquier variación o desequilibrio en los parámetros económicos reduce de forma drástica el atractivo comercial de la concesión para los licitadores, quienes asumen la responsabilidad de financiar y mantener el trazado durante un periodo sumamente prolongado. Esta coyuntura pone de relieve las dificultades operativas de trasladar los riesgos económicos de las grandes obras públicas al sector privado sin desequilibrar su rentabilidad.
Para el Ejecutivo regional, una hipotética resolución del concurso sin ofertas supondría un duro contratiempo político y administrativo para una actuación que arrastra una larga trayectoria burocrática. En tal escenario, la administración se vería obligada a reconsiderar las condiciones económicas, introducir modificaciones estructurales para incrementar su atractivo o barajar fórmulas alternativas de contratación. Además, la conexión viaria responde a una reivindicación histórica de los habitantes de Suances y de los municipios colindantes, los cuales sufren graves problemas circulatorios y de accesibilidad durante los meses estivales, afectando tanto a la actividad industrial como al sector turístico local. El desenlace de este proceso evidenciará la viabilidad real del modelo de colaboración público-privada para acometer futuras inversiones de gran calado en Cantabria.
