Los servicios de ajuste eléctrico supermercados han generado un sobrecoste de 61 millones de euros en 2026, según los cálculos de Asedas basados en datos de Red Eléctrica. Este incremento representa una presión adicional sobre la rentabilidad de la distribución alimentaria y plantea la necesidad de revisar de forma urgente el modo en que se calculan y trasladan dichos costes a los diferentes operadores del sector.
Un sobrecoste de 61 millones en la factura eléctrica de la distribución
Asedas, la asociación que agrupa al 75 % de la distribución de alimentación en España, ha cuantificado que los servicios de ajuste eléctrico han añadido 61 millones de euros a la factura de los supermercados durante el año en curso. La cifra se suma a un acumulado histórico de 245 millones de euros desde el año 2020, lo que evidencia una tendencia alcista muy preocupante y sostenida en el tiempo. La información económica de referencia proviene de los datos publicados por Capital y Financial Food.
Evolución de los costes y subida exponencial del precio por MWh
El análisis detallado de la evolución de las tarifas muestra que el precio medio de los servicios de ajuste eléctrico ha pasado de 2,54 €/MWh en 2020 a situarse en 22,3 €/MWh entre los meses de enero y octubre de 2026. Esto supone un incremento interanual e histórico del 778 % en un periodo de apenas seis años. Estos datos reflejan una escalada de los costes regulados que afecta directamente a la factura eléctrica mensual de los supermercados, instalaciones que dependen de un suministro sumamente estable para mantener en óptimas condiciones la cadena de frío y todos sus procesos comerciales y logísticos diarios.
Presión constante sobre la cadena de frío y los márgenes del sector
La distribución alimentaria requiere electricidad de manera ininterrumpida y permanente para conservar adecuadamente los alimentos frescos y congelados, garantizando de este modo la total seguridad alimentaria y la operatividad de sus establecimientos comerciales y grandes plataformas logísticas. Este sobrecoste derivado de los servicios de ajuste eléctrico viene a sumarse a otros gastos operativos ineludibles, tales como el transporte de mercancías, los costes de personal, la climatización de las salas de venta y las fuertes inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética en todo el parque comercial.
A pesar de esta delicada situación financiera, el sector ha demostrado un gran esfuerzo para contener el impacto final. Según los datos oficiales del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al mes de octubre, la alimentación se sitúa dos puntos y medio por debajo de la tasa del IPC general (marcando un 2,4 % frente al 4,9 %), lo que demuestra de forma clara que las empresas de distribución alimentaria están absorbiendo una parte muy relevante de estos incrementos operativos para no trasladarlos por completo a los bolsillos de los consumidores.
La reclamación formal de Asedas para detectar y corregir ineficiencias
Ante este complejo escenario económico, Asedas ha presentado una solicitud formal e institucional para revisar en profundidad los servicios de ajuste eléctrico y detectar posibles ineficiencias en su tasación. Felipe Medina, secretario general técnico de la asociación, ha subrayado de manera reiterada la necesidad imperiosa de analizar con rigor cómo se generan, calculan y trasladan estos onerosos sobrecostes a los grandes consumidores, con el objetivo primordial de evitar que la seguridad del suministro eléctrico acabe comprometiendo la competitividad de sectores estratégicos como la alimentación.
Desde la organización empresarial se recuerda asimismo el contexto del apagón registrado en abril de 2025 como un claro ejemplo de la importancia capital que tienen los servicios de estabilidad para el sistema, pero se insiste firmemente en que su coste económico no debe recaer de manera desproporcionada sobre las empresas de distribución alimentaria. La petición de Asedas incluye una revisión exhaustiva de los criterios técnicos utilizados por el operador del sistema.
En conclusión, el sobrecoste de 61 millones de euros registrado durante este ejercicio representa un desafío económico de primer orden para los supermercados españoles. La evolución desfavorable del precio del megavatio hora, la persistente presión sobre la cadena de frío y las reivindicaciones planteadas por Asedas configuran un panorama que exige una atención regulatoria y contractual específica en los próximos meses.
