El Tribunal Supremo frena el recurso del Gobierno y ratifica la suspensión del voto ley de nietos para el 29N

El Supremo rechaza el recurso del Gobierno sobre el voto exterior

El Tribunal Supremo ha decidido desestimar el recurso interpuesto por el Ejecutivo y ratifica la suspensión cautelar que impide votar a los ciudadanos nacionalizados al amparo de la normativa de memoria democrática en los próximos comicios generales convocados para el 29 de noviembre. La decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma los autos previos dictados el pasado mes de septiembre, marcando un hito en la controversia jurídica que enfrenta al poder judicial y al Gobierno en torno al voto ley de nietos tribunal supremo.

La medida afecta directamente a más de 163.000 ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad española de origen mediante la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática. Mientras el Ejecutivo defiende la protección de los derechos adquiridos de los ciudadanos en el extranjero, los magistrados sostienen que la prioridad absoluta debe centrarse en salvaguardar la pureza y la legalidad del proceso electoral.

Falta de trazabilidad y reproches a la Administración

En el núcleo de la resolución judicial se encuentra la severa crítica emitida por el tribunal hacia la gestión desempeñada por la Administración General del Estado y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los autos de la Sala, el Ejecutivo no ha aportado la documentación requerida para demostrar el grado de cumplimiento de las órdenes judiciales previas, omitiendo información clave sobre la trazabilidad de los expedientes de nacionalidad tramitados en los consulados.

El tribunal argumenta que desconoce por completo cuántos expedientes han sido revisados y si se ha cumplido la separación entre aquellos ciudadanos que cumplen estrictamente con los requisitos del exilio histórico y aquellos que se benefician de la presunción introducida por la instrucción de 2022. Ante esta falta de transparencia, los magistrados concluyen que no puede garantizarse un censo ajustado a derecho. Por su parte, la Abogacía del Estado alegó la imposibilidad material de completar las revisiones a tiempo debido a la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 29 de noviembre, un argumento que la Sala ha rechazado tajantemente al atribuir la responsabilidad exclusiva al propio Gobierno.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha recordado que la carga de acreditar el grado de ejecución correspondía en exclusiva a la Administración. En este sentido, los magistrados insisten en que la preservación de la limpieza del censo constituye un valor supremo que debe prevalecer ante cualquier duda de oscuridad o irregularidad que pueda comprometer la legitimidad democrática de los representantes elegidos en las urnas.

Opciones del Ejecutivo y voto particular

Evaluación de recursos ante el Tribunal Constitucional y reacciones políticas

Tras conocer el fallo judicial, fuentes del Ejecutivo indicaron durante los actos institucionales del 12 de octubre que la Abogacía General del Estado estudiará la viabilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno lamenta que se cuestione la relevancia del sufragio para colectivos en el exterior, recordando que desde la aprobación de la norma se han celebrado múltiples procesos electorales sin incidencias previas. En contraste, formaciones como Vox defiende la autonomía del Tribunal Supremo en el recurso sobre la ley de nietos, respaldando la necesidad de priorizar el rigor normativo sobre cualquier otra consideración.

Discrepancias internas en la Sala

La adopción de estas medidas cautelares no se ha producido por unanimidad. La magistrada María Alicia Millán ha emitido un voto particular en el que reitera su criterio discrepante frente a la mayoría de la Sala. Millán sostiene que la convocatoria formal de unas elecciones introduce un interés público singular que obligaba a ponderar de nuevo los intereses en juego, justificando al menos un levantamiento temporal de la suspensión para garantizar el derecho fundamental al sufragio en los comicios previstos para el 29 de noviembre.