El salto de la productividad a la obligación legal
La inteligencia artificial ha dejado de ser exclusivamente una cuestión de optimización técnica y productividad diaria para consolidarse como una exigencia de cumplimiento normativo en el tejido empresarial. Con la aplicación de la parte central del reglamento europeo de inteligencia artificial, el marco legal comunitario alcanza a un tejido empresarial que abarca mucho más allá del sector tecnológico tradicional y de las grandes corporaciones informáticas. Según destaca el abogado especializado en protección de datos y nuevas tecnologías de Sarabia Tax & Legal, Raúl Florido, este hito normativo obliga a todas las compañías a revisar de manera exhaustiva qué herramientas digitales emplean y con qué propósitos específicos las utilizan en sus procesos cotidianos.
Este cambio de paradigma normativo afecta por igual a grandes corporaciones, a medianas empresas, a pequeños negocios y a autónomos que operan en el mercado. Lejos de restringirse a los desarrolladores de software, la normativa impone responsabilidades directas a cualquier organización que incorpore asistentes virtuales para redactar textos, chatbots de atención al cliente o soluciones automatizadas en ámbitos tan sensibles como empleo e inteligencia artificial, donde el uso de algoritmos para la selección de personal se sitúa bajo el escrutinio legal. La utilización de estas soluciones en recursos humanos, aunque la decisión final recaiga formalmente en una persona física, puede encuadrarse dentro de los usos más delicados previstos por la legislación vigente.
Clasificación de riesgos, transparencia y formación obligatoria
El núcleo de la normativa comunitaria descansa sobre una categorización de los sistemas según su nivel de peligro potencial para los derechos de los ciudadanos. De este modo, existen usos frontalmente prohibidos, aplicaciones de alto riesgo sometidas a exigencias reforzadas y una amplia mayoría de herramientas cotidianas encuadradas en los niveles de riesgo limitado o mínimo. Determinar con exactitud en qué categoría se sitúa cada programa informático o aplicación es el primer paso ineludible para cualquier entidad que emplee estas tecnologías en su operativa diaria, permitiendo identificar aquellas áreas que requieren una atención jurídica prioritaria.
En el terreno operativo, las exigencias recogidas por el reglamento de ia empresas se centran en dos pilares fundamentales: la transparencia y la formación del personal interno. Por un lado, cuando una persona interactúa con un sistema automatizado —como una centralita telefónica inteligente o un chatbot corporativo—, la empresa tiene la obligación explícita de informarle de que se comunica con una máquina y no con un operador humano. Lo mismo se aplica a determinados contenidos generados de forma artificial, que deben identificarse debidamente para garantizar una comunicación clara y honesta con el cliente.
Por otro lado, la normativa exige que los empleados que utilicen o supervisen estas herramientas dispongan de una formación suficiente sobre su funcionamiento, limitaciones y riesgos, un requisito que ya era exigible desde principios de 2025 y que debe poder demostrarse de forma proporcional al uso real que cada compañía haga de la tecnología. Saber manejar una aplicación informática no equivale de ningún modo a estar formado en los riesgos operativos y legales que conlleva su utilización cotidiana.
Calendario de aplicación, Ómnibus Digital y supervisión
Pese a la reciente luz verde del Parlamento y del Consejo al denominado Ómnibus Digital —una iniciativa legislativa que aplaza hasta diciembre de 2027 los plazos correspondientes a las obligaciones de los sistemas de alto riesgo—, los expertos advierten de que el margen de maniobra real para las organizaciones es estrecho. El calendario relativo a las prácticas prohibidas, las medidas de transparencia y la formación interna obligatoria mantiene su plena vigencia, por lo que las organizaciones no deben demorar su adaptación a las nuevas directrices comunitarias aprobadas.
En el ámbito nacional, la supervisión del cumplimiento normativo recae sobre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un organismo público dotado de plena capacidad sancionadora. Las multas previstas en materia de sanciones reglamento ia para las infracciones más graves pueden alcanzar cifras muy elevadas, calculadas de manera directa en función de un porcentaje sobre el volumen de facturación global de la compañía infractora. Por este motivo, los especialistas aconsejan ordenar los recursos tecnológicos con antelación y revisar los sistemas actuales para evitar contingencias legales futuras y garantizar una transición segura hacia entornos plenamente digitalizados y conformes con la legalidad.
