El análisis pericial que rastreó el origen de los flotadores
Durante la llegada masiva registrada los días 30 y 31 de julio en la playa del Tarajal, un elemento visual llamó la atención de los expertos en seguridad: la constante repetición de un mismo diseño en los elementos de flotabilidad abandonados en la orilla. Según la investigación realizada por José María Gil Garre, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional y codirector del International Security Observatory, el 90% de los flotadores usados en Ceuta en las imágenes analizadas correspondían exactamente al mismo patrón estético y estructural. El especialista revisó más de 150 fotografías tomadas durante el salto fronterizo en el que al menos 80.000 personas cruzaron de forma irregular, comprobando que tanto los aros de baño como las aletas y los trajes de neopreno guardaban una homogeneidad llamativa en el terreno.
Como investigador y profesional en seguridad, el experto evaluó de forma exclusiva la naturaleza, cantidad, homogeneidad y despliegue de los recursos materiales observables en el terreno que fueron empleados para rebasar el espigón del Tarajal. Las primeras señales de alerta que Gil Garre detectó databan de semanas antes, concretamente desde el 8 de julio, cuando los medios de comunicación publicaron la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente. Según su análisis, este hecho dio una interpretación concreta que intensificó el fenómeno de la emigración clandestina desde el Magreb hacia Europa.
La pista alemana y el modelo Mud Master agotado
A través de las pesquisas técnicas, el peritaje determinó que el material correspondía al modelo Mud Master, con referencia 36016, fabricado por la marca Bestway. Este tipo de flotador cuenta con un diámetro de 91 centímetros antes de ser inflado y 81 centímetros hinchado, con una capacidad para soportar hasta 100 kilos. En los catálogos oficiales, los precios de estos artículos se sitúan habitualmente entre los 5 y los 7 euros. Los investigadores constataron que estas unidades fueron adquiridas de forma anticipada a través del portal de comercio electrónico Jumia.ma, una plataforma de comercio electrónico con sede en Berlín cuyos principales accionistas son Axian Telecom, Pleasant Lake Partners y Pernod Ricard Deutschland.
El stock de estos artículos comenzó a escasear de manera notable en las semanas previas a la crisis migratoria, un indicio de que los suministros se prepararon con antelación y se distribuyeron posteriormente en la localidad marroquí de Castillejos y comercios cercanos. El propio experto subraya que no todas las personas hicieron la compra directamente en la plataforma digital, ya que en algunos casos los artículos llegaron a tiendas locales donde fueron adquiridos. Asimismo, parte de estos elementos de flotabilidad fueron revendidos posteriormente en el mercadillo que operaba en la zona.
Indicios previos y advertencias para la investigación
El informe sitúa el inicio de las señales de alerta a principios de julio, coincidiendo con la difusión pública de una sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente. Aunque la investigación descarta cualquier responsabilidad legal por parte de las marcas fabricantes o de la plataforma de comercio electrónico —que se limitaron a abastecer un aumento legítimo de la demanda y no identifican participantes marroquíes en su matriz actual, más allá de contar con socios locales en el lanzamiento—, el rastro de las adquisiciones masivas se considera un dato de relevancia jurídica para organismos como la Audiencia Nacional, al evidenciar una logística previa y una planificación.
El mismo patrón de desabastecimiento volvieron a detectarlo ante una convocatoria posterior anunciada para finales de septiembre que coincidía con las elecciones de Marruecos y que finalmente no llegó a ejecutarse. Para el analista murciano, existieron señales tempranas que fueron desatendidas tanto en el país vecino como en España, planteando interrogantes sobre en qué eslabón de la cadena se produjo la ruptura institucional que impidió tomar decisiones preventivas a pesar de disponer de información adelantada desde mediados de junio.
