Aprobación del DORA III y la subida tasas aereas DORA III
El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, una hoja de ruta clave que fija las condiciones operativas y tarifarias de la red de aeropuertos gestionados por Aena para el periodo comprendido entre 2027 y 2031. La medida contempla una subida tasas aereas DORA III del 0,33% anual durante los próximos cinco años, lo que se traduce en un incremento acumulado del 1,65% al término del lustro. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió la medida asegurando que estas tarifas continuarán situándose entre las más competitivas de toda Europa gracias a la contención del ajuste.
Esta decisión ministerial busca ordenar el marco económico de la gestora aeroportuaria en un contexto marcado por las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el sistema nacional pasaría de atender los 321 millones de pasajeros registrados en 2025 hasta alcanzar una cifra estimada de 363 millones de usuarios en el año 2031. Las tarifas aeroportuarias engloban los importes que Aena cobra a las compañías por el uso de terminales, pistas, pasarelas y controles de seguridad, elementos que inciden de manera directa en los costes operativos del sector y en la fijación final de los precios de los billetes de avión para los consumidores.
El equilibrio entre las pretensiones de Aena y las aerolíneas
La resolución adoptada por el Ejecutivo representa una solución de compromiso tras un proceso de deliberación en el que los principales actores del sector defendieron posturas marcadamente distantes. Por un lado, Aena había solicitado un incremento tarifario mucho más ambicioso, cifrado en el 3,82% anual, argumentando la necesidad de financiar el mantenimiento y la ampliación de las infraestructuras. En el extremo opuesto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso una senda bajista que contemplaba una reducción tarifaria anual del 0,59% para el mismo periodo.
Por su parte, las asociaciones de aerolíneas reclamaron un abaratamiento aún mayor, abogando por una rebaja del 4,9% en las tasas. Desde organizaciones como la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se ha valorado positivamente que el Gobierno haya moderado las aspiraciones iniciales de Aena, aunque se mantiene el luto sectorial por el hecho de que la decisión final se aleje de la rebaja solicitada por las compañías aéreas. Aerolíneas de bajo coste, como Ryanair, han utilizado históricamente el nivel de estas tarifas como argumento para justificar recortes de capacidad y frecuencias en determinados aeropuertos secundarios del país. Ante este escenario, el Ministerio de Transportes optó por respaldar el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Economía, al considerarlo la fórmula más equilibrada tras sopesar los informes de la CNMC, Aviación Civil y los propios operadores.
Inversión récord de 13.000 millones y reparto territorial
Junto al marco tarifario, el DORA III incorpora un plan inversor histórico que asciende a casi 13.000 millones de euros para toda la red. De esta cuantía global, 9.900 millones de euros corresponden estrictamente a inversión regulada, financiada a través de las propias tarifas, mientras que el resto se nutre de los ingresos comerciales que genera la actividad de Aena en los recintos aeroportuarios. El desglose de la inversión regulada contempla 2.851 millones de euros orientados a la ampliación y modernización de edificios terminales, además de 937 millones destinados específicamente a los campos de vuelo.
Asimismo, el plan asigna más de 1.650 millones de euros al refuerzo de la seguridad operacional y de las instalaciones, cerca de 660 millones para potenciar la intermodalidad y avanzar en los objetivos de descarbonización y sostenibilidad medioambiental, y casi 400 millones enfocados en la modernización de los sistemas de tratamiento y transporte de equipajes. A estas partidas se suman más de 3.240 millones de euros reservados en exclusiva para las labores ordinarias de mantenimiento y conservación de la red aeroportuaria.
El plan de inversiones contempla además un fuerte componente territorial destinado a incrementar la calidad de la experiencia de los pasajeros, optimizar los controles de fronteras y facilitar los flujos de embarque. Entre los principales proyectos destacan los 4.477 millones de euros previstos para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los 1.962 millones asignados a Cataluña, de los cuales 1.765 millones corresponden directamente a Barcelona-El Prat. En el archipiélago canario, el documento destina 1.807 millones de euros distribuidos entre sus diferentes aeropuertos, mientras que en la Comunitat Valenciana la inversión supera los 1.270 millones, repartidos entre Alicante-Elche (868 millones) y Valencia (400 millones). Por último, las actuaciones en Baleares superan los 1.000 millones de euros en instalaciones como Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet, al tiempo que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recibirá más de 830 millones de euros.
