Un nuevo real decreto contra la expansión de las universidades privadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo real decreto destinado a endurecer los requisitos exigidos a las universidades privadas, poniendo especial foco en aquellas titulaciones que se imparten a distancia. Este movimiento normativo, presentado durante una visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT – El Mundo), busca frenar la proliferación de campus y títulos considerados cuestionables por el Ejecutivo, estableciendo un marco más riguroso para la autorización de nuevos grados y másteres. La medida llega precedida por otras iniciativas legislativas en el ámbito educativo y pretende dar respuesta a las crecientes tensiones sobre el modelo de acceso a la enseñanza superior en España.
El jefe del Ejecutivo justificó la iniciativa señalando que un centro de educación superior no puede operar como una franquicia comercial o un establecimiento de carácter mercantil. Según el posicionamiento del Gobierno, la fuerte demanda estudiantil no cubierta por los campus públicos ha propiciado la aparición de ofertas formativas que priorizan el volumen sobre los estándares académicos. Esta estrategia normativa se inscribe en una serie de acciones impulsadas desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para incrementar el control sobre la calidad docente, en una línea similar al decreto aprobado en octubre de 2025 para frenar los denominados chiringuitos universitarios y a la propuesta de FP lanzada a comienzos de año.
Más presencialidad y exigencias estrictas para el profesorado
Entre los ejes fundamentales del futuro decreto universidades privadas destaca la obligación de incrementar la presencialidad en las aulas, con especial énfasis en las carreras del ámbito sanitario, como Medicina, Enfermería y Psicología. El Ejecutivo pretende evitar que la expansión de las opciones formativas online rebaje los requisitos mínimos de formación práctica y contacto directo que exigen estas disciplinas profesionales complejas, comparando en algunos aspectos estas prácticas comerciales con aerolíneas de bajo coste que suprimen elementos esenciales.
Asimismo, la normativa modificará las condiciones laborales y académicas del personal docente. Si bien la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y un real decreto previo aprobado en octubre de 2025 ya fijaban que el 50% del total de la plantilla debía contar con el título de doctor, la nueva disposición exigirá que este porcentaje se cumpla de forma individual en cada una de las titulaciones. De este modo se intentará evitar la concentración de doctores en ramas de letras y garantizar su presencia equitativa en todas las especialidades. A ello se sumará la obligación de que el 40% del profesorado disponga de un contrato a tiempo completo, reforzando así la estabilidad laboral en el sector y mejorando las condiciones generales para los docentes.
El debate sobre la financiación pública y la demanda insatisfecha
El anuncio del Ejecutivo ha reabierto el debate político y social sobre la situación de la enseñanza superior, contraponiendo la evolución de la red pública frente a la expansión de la iniciativa privada. Desde el Gobierno se ha acuñado el concepto de «obsolescencia programada de lo público» para describir un fenómeno en el que, según su análisis, el deterioro presupuestario y la falta de inversión de determinadas administraciones autonómicas reducen la capacidad de los campus estatales. En este sentido, se ha señalado directamente a comunidades autónomas como Madrid, donde catorce de las veinte universidades son privadas, o Castilla y León, que cuenta con cinco centros privados de un total de nueve.
Los datos oficiales de demanda muestran una brecha significativa que alimenta este trasvase de alumnado: en el curso 2024/2025, las universidades públicas presenciales recibieron cerca de medio millón de solicitudes en primera opción para un total de 245.000 plazas disponibles. Mientras las notas de corte se elevan y numerosos estudiantes quedan excluidos del sistema público por falta de sitio, la oferta privada ha ganado terreno de forma notable. Por su parte, la creación de nuevas plazas en instituciones como la UNED busca aliviar parcialmente la presión estatal, aunque el Ejecutivo opta por una estrategia focalizada en neutralizar el crecimiento de la oferta privada mediante la regulación estricta, anticipando posibles recursos y contenciosos legales por parte de instituciones afectadas, tal como ocurrió con normativas anteriores.
