Desalojo conflictivo en Vitoria con cargas policiales
La ejecución de un desalojo en Vitoria, concretamente en el barrio de Sansomendi, se ha saldado este viernes con al menos dos personas detenidas, 58 identificados y 19 agentes de la Ertzaintza heridos tras registrarse graves altercados. La intervención policial se produjo después de que centenares de personas y una treintena de vecinos se atrincheraran en el portal y en el interior de la vivienda para tratar de impedir el lanzamiento judicial de una familia compuesta por ocho miembros, entre ellos seis menores a su cargo.
El operativo movilizó a efectivos de la policía vasca procedentes de todo el territorio para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. Durante la protesta, grupos de manifestantes lanzaron objetos contundentes como piedras y botellas contra los agentes en la avenida de los Huetos. Los antidisturbios respondieron con cargas policiales para despejar la zona y permitir el acceso de los dos agentes que forzaron la puerta del domicilio para culminar el desalojo de los ocupantes y de los activistas que resistían en el interior, según detallan las crónicas de El Mundo y La Voz de Galicia.
La postura del Ayuntamiento y el informe social
Frente a las reivindicaciones de los movimientos sociales, el Ayuntamiento de Vitoria ha descartado de forma definitiva la adjudicación directa o extraordinaria de una vivienda pública a la familia afectada. Según un informe municipal difundido por El Correo, la unidad familiar percibe unos ingresos mensuales de aproximadamente 2.450 euros en concepto de ayudas públicas y el cabeza de familia ejerce como imán asistiendo a internos musulmanes en prisiones vascas.
Los servicios sociales sostienen que el caso no constituye una emergencia sobrevenida ni una situación de vulnerabilidad extrema imprevista, puesto que los afectados conocían desde octubre de 2019 que el propietario no renovaría el contrato de alquiler por motivos de necesidad personal. El dueño del inmueble, también de origen magrebí, se encuentra actualmente residiendo de alquiler en una habitación junto a su mujer embarazada y su hijo, tras un largo litigio judicial iniciado en los últimos años. El informe municipal añade que la familia rechazó firmar la notificación de un piso de acogida provisional y que los técnicos determinaron que disponían de recursos económicos suficientes para costearse un alojamiento alternativo por sus propios medios, recordando asimismo que los afectados se ausentaron de vacaciones durante 38 días a su país de origen el pasado verano.
Reacciones y protestas ciudadanas en Sansomendi
Las movilizaciones en contra del desahucio en Vitoria fueron canalizadas principalmente por colectivos sociales y plataformas en defensa de la vivienda, generando una importante repercusión en la vida cotidiana del barrio. Tras los incidentes matinales y la actuación de los servicios de emergencia para atender a los heridos, las protestas se trasladaron por la tarde al centro de la capital alavesa, donde una manifestación denunció lo que calificaron como una extrema violencia policial durante el desalojo del imán Mokthar Fissoun y su familia, cifrando los organizadores el número de heridos entre los manifestantes en noventa personas.
El clima social en el barrio de Sansomendi se mantiene dividido tras los altercados vividos durante la jornada del viernes, con vecinos que expresan su preocupación por la escalada de tensión y la repercusión mediática del caso. Mientras tanto, las autoridades locales reafirman su postura de no otorgar trato de favor a unidades familiares que, según los expedientes sociales, rechazan los recursos provisionales alternativos disponibles y cuentan con ingresos estables procedentes de la administración pública. La tensión en las calles ha abierto además un intenso debate político sobre la gestión de los recursos habitacionales, el cumplimiento de las normativas de alquiler y la convivencia en los barrios de la ciudad.
